Las auditorías energéticas serán obligatorias para 3.800 empresas y más de 27.000 establecimientos.
El coste oscilará en torno a los 5.000 euros para una instalación de 10.000 m2
I.G.Mardones.- El Gobierno en funciones ha decidido, al fin, publicar la Directiva de eficiencia energética europea en un real decreto sobre ahorro energético en el que se regula quiénes están obligados a realizar auditorías energéticas, cómo deben acreditarse los proveedores de servicios y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia del suministro de energía en la producción de frío y calor. El real decreto sale con retraso porque el plazo límite para su publicación expiró en junio de hace dos años.
El motivo del retraso se atribuye al aplazamiento de tener que incurrir en gastos extraordinarios en una época de crisis para las aproximadamente 3.800 empresas o más de 27.000 locales afectadas; aquellas con más de 250 empleados, que su volumen de negocio supere los más de 50 millones de euros de volumen de negocio o un balance general que exceda de 43 millones de euros. Las auditorías deberán realizarse al menos cada cuatro años. Quedan excluidas las pequeñas empresas. Las infracciones pueden alcanzar los 60.000 euros.
La norma establece un plazo para iniciar el cumplimiento -conciertas condiciones- de estas obligaciones de 9 meses, que empezará a contar a partir del pasado 13 de febrero. En el portal de la consultora energética Creara se ofrecen detalles del alcance de esta medida. Según sus cálculos el coste de una auditoría energética para una empresa con dos emplazamiento de 5.000 m2 cada uno o su equivalente ronda los 5.000 euros, en contraste con los 15.000 euros que cuesta la implantación de un sistema de gestión energética con arreglo a la norma ISO 50001.
El decreto incurre en una contradicción de fechas cuando en el punto siete que modifica el apartado 1 del artículo 10 de otro real decreto (616/2007) dice que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicará un informe con los resultados de los análisis realizados antes del 31 de diciembre de 2015. Finales del año pasado.
Según el experto en política energética Javier García breva, ex director del IDAE y actual presidente de N2E, la Directiva facilitará el desarrollo de hasta 20 nichos de negocio en el sector, capaces de movilizar alrededor de 1.500 millones de euros procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, además de otras inversiones públicas y privadas.
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Según El Periódico de la Energía, el Gobierno crea con este decreto un lío jurídico en torno al autoconsumo fotovoltaico en las comunidades de vecinos, ya que entra en contradicción. Por otro decreto prohíbe el autoconsumo en los bloques de viviendas, y con éste crea la figura del edificio de consumo de energía casi nulo, donde el autoconsumo energético es una pieza clave.